El Conpes 4118 de 2023, “Política Nacional Portuaria: modernización y sostenibilidad de la actividad portuaria y su articulación con el territorio”, actualizó la política portuaria, después de 10 años, introduciendo los lineamientos orientados a modernizar la institucionalidad y planificar el desarrollo del sector bajo una perspectiva de intermodalidad.
Los principales objetivos del Conpes se encuentran incluidos en los siguientes ejes estratégicos: (i) la articulación del sistema portuario con los instrumentos de planeación territorial; (ii) la incorporación de buenas prácticas ambientales y de responsabilidad social empresarial; (iii) la actualización de los sistemas de regulación tarifaria y de contraprestación; (iv) la priorización de la implementación de proyectos estratégicos de conectividad y acceso a las zonas portuarias en un escenario de intermodalidad y competitividad; (v) la actualización de los instrumentos regulatorios del sistema portuario para impulsar el crecimiento y modernización de los puertos; y, (vi) el fortalecimiento del marco institucional del sector, facilitando al Ministerio de Transporte el ejercicio efectivo de su rol como autoridad portuaria.
Para alcanzar dichos objetivos el Conpes dispuso que, durante los años 2024 y 2025, el Ministerio de Transporte y a la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte (UPIT), con el apoyo de entidades como la ANI, la Superintendencia de Transporte, la Dimar y Cormagdalena, debían adelantar los análisis y estudios técnicos, jurídicos y financieros necesarios para implementar las actualizaciones contempladas en la política portuaria.
Aunque el plazo fijado aún no ha expirado, restan solo seis meses para su vencimiento y no se reportan grandes avances. Según el informe de gestión del Ministerio de Transporte, publicado el 30 de enero de 2025, el promedio de ejecución de las acciones previstas en el Plan de Acción y Seguimiento del Conpes 4118 es del 40%. Por su parte, la plataforma Sisconpes del Departamento Nacional de Planeación reporta un porcentaje de avance de implementación de la política de apenas el 31,58%, lo cual resulta preocupante.
En este contexto, resulta urgente que el Gobierno nacional y las entidades responsables aceleren la implementación efectiva de los instrumentos definidos en el Conpes 4118. La falta de avances significativos compromete la utilidad real de esta política como hoja de ruta para la modernización del sistema portuario colombiano. En particular, es indispensable que se expidan, de manera prioritaria, lineamientos normativos y técnicos que clarifiquen el régimen de contraprestaciones portuarias, con criterios objetivos y actualizados que permitan garantizar la transparencia, la eficiencia económica y la competitividad del sector.
Asimismo, ante la proximidad del vencimiento de múltiples concesiones portuarias otorgadas en la década de 1990 y principios de los 2000, el Estado debe establecer reglas claras, anticipadas y coherentes sobre los procesos de reversión, continuidad operativa o nuevas adjudicaciones, de forma que se preserve la prestación del servicio portuario sin vacíos jurídicos ni incertidumbre para los actuales operadores o posibles inversionistas.
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