Cancillería tomará el control de datos de pasaportes mientras la Imprenta se prepara

ARTÍCULO RELACIONADO

Canciller declarará urgencia manifiesta para el tema de pasaportes en esta semana

Luego de que el presidente de la República, Gustavo Petro, dijo en el consejo de ministros que la firma Thomas Greg & Sons no va a continuar con la licitación para los pasaportes, tras tildarla de fraudulenta, la canciller, Laura Sarabia, se retractó de la "urgencia manifiesta" que prorrogaba por 11 meses el contrato para la expedición de estos documentos.

"A partir del 1 de septiembre, sin ninguna afectación en el servicio, se implementará una nueva etapa transitoria en la que la gobernanza de los datos pasará a estar bajo control de la Cancillería, mientras la Imprenta consolida sus capacidades para asumir esta nueva responsabilidad", dijo.

Durante el consejo de ministros, Petro dijo que no iba a seguir Thomas Greg, porque la licitación que estaban haciendo en Cancillería era fraudulenta.

ARTÍCULO RELACIONADO

Thomas Greg & Sons desistirá de la demanda contra el Estado por el caso pasaportes

"El canciller, por demorarse en hacerme caso de suspenderla, terminó en un lío que lo llevó fuera por culpa de la Procuraduría y ahora quiere vengarse de mí con sus famosas cartitas tontas. Yo no hago vida social ni privada con el señor", complementó el primer mandatario, refiriéndose a Álvaro Leyva.

Antes de la reunión del gabinete, la canciller Sarabia dijo que que el Gobierno firmaría, durante esta semana, una urgencia manifiesta para un contrato por 11 meses con la firma Thomas Greg & Sons, para la expedición de los pasaportes del país. La ministra dijo que, tan pronto finalizaría ese periodo, se revisaría si se prolongaba el contrato.

“Mi responsabilidad por ahora es que no nos quedemos sin pasaportes el próximo primero de septiembre. No nos podemos quedar sin pasaportes”, aseguró la canciller.

La pelea con Luis Gilberto Murillo

El exministro de Relaciones Exteriores, Luis Gilberto Murillo, afirmó el pasado 21 de junio, por medio de sus redes sociales, que con Portugal se había realizado el acuerdo acuerdo técnico y financiero, con inversión directa de US$40 millones, además del traspaso de significativos activos representados en infraestructura de producción de pasaportes y otros papeles de seguridad, transferencia tecnológica y producción nacional.

"Portugal confirmó en enero pasado, que todos sus trámites y aprobaciones internas estaban listas. En febrero concluyeron revisiones internas y en marzo enviaron delegación a Bogotá para firmar. El cronograma era claro, preciso y viable, para iniciar la producción de pasaportes en septiembre de 2025", añadió.

Por su parte, Sarabia desmintió que todo estuviera listo para poner en marcha el tema de la expedición de pasaportes y explicó que “nunca hubo empalme con el ex canciller Gilberto Murillo y en el informe que presentó luego de dejar el cargo nunca habló de pasaportes”. Complementó mencionando que, a pesar de que solo existía el acuerdo entre la Cancillería y la embajada de Portugal, existen factores que impiden el desarrollo y la expedición de los mismos.

Culminó asegurando que la creación y personalización de pasaportes se hará bajo la supervisión directa de un funcionario de la Cancillería, además de explicar que el acuerdo entre ambos países presentaba varias falencias. Por último, aseguró que la razón principal por la que aún no había firmado el acuerdo con Portugal, se debía a que nunca recibió una muestra de un pasaporte realizado por ellos.

Ante las declaraciones, Murillo nuevamente se pronunció por medio de su cuenta de X y afirmó que "la urgencia declarada hoy no es por falta de información, sino por falta de continuidad. El modelo estaba listo para entrar en operación en septiembre, con producción nacional, transferencia tecnológica e inversión extranjera".

Caso

Todo inició cuando la empresa Thomas Greg & Sons, encargada de los pasaportes en Colombia, interpuso una demanda contra el Estado, específicamente contra el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, por un monto de $117.000 millones.

Desde el pasado mes de octubre de 2024, el proceso se encontraba suspendido por solitud de conjunta de ambas partes hasta la semana pasada. Durante la segunda semana de este mes, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca aseguró que nuevamente los implicados pidieron la extensión de la suspensión hasta el 4 de febrero de 2025.

Esta demanda tuvo como punto de partida las declaraciones del excanciller Álvaro Leyva, en las que aseguró desierta la licitación para la fabricación de pasaportes. Tras esto, la compañía multinacional declaró que la decisión fue arbitraria y sin justificación, causándole un perjuicio económico.