El exgobernador Carlos Arturo Rodríguez fue acusado formalmente por la Fiscalía

Carlos Arturo Rodríguez Celis, quien ocupó el cargo de gobernador del departamento del Amazonas entre 2012 y 2015, fue acusado formalmente por la Fiscalía Séptima Delegada ante la Corte Suprema de Justicia.

El proceso penal se relaciona con la presentación y tramitación del proyecto “Desarrollo de soluciones energéticas híbridas para abastecimiento de energía eléctrica en el departamento del Amazonas”, financiado con recursos del Sistema General de Regalías.

Según el escrito de acusación radicado el 19 de julio de 2023, Rodríguez Celis habría promovido un proyecto que no cumplía con los requisitos establecidos por las normas que regulan el uso de estos recursos. El proyecto, identificado con el código BPIN 2015000060027, fue aprobado mediante el Acta 28 del Ocad Centro Sur Amazonía y formalizado por el Acuerdo 25 del 15 de mayo de 2015. La Gobernación del Amazonas fue designada como entidad ejecutora.

La Fiscalía sostiene que la Metodología General Ajustada, MGA, presentada contenía información que no coincidía con el Plan de Desarrollo Departamental. También señala que el proyecto fue registrado en Puerto Nariño, pero fue ejecutado en otra comunidad. Además, se relacionó como beneficiaria a una empresa sin que esta hubiera sido consultada ni emitido aval técnico.

Entre los documentos presentados en respaldo del proyecto se encuentran certificaciones expedidas por funcionarios del departamento y por entidades técnicas como el Ipse, sin que estas acreditaran plenamente la viabilidad y sostenibilidad requeridas. La empresa Enam, encargada de la prestación del servicio de energía en la región, no fue vinculada formalmente, pese a tener un contrato vigente.

El escrito indica que el 21 de septiembre de 2015 se suscribieron los contratos de obra e interventoría, por valores superiores a los $25.000 millones y $1.700 millones, respectivamente. Las advertencias emitidas por el Ministerio de Minas y Energía, así como por ENAM, no habrían sido atendidas antes de continuar con el proceso de contratación.

El proceso penal incluye cargos por peculado por apropiación en favor de terceros, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y fraude procesal. La Fiscalía considera que estos hechos tienen conexión jurídica y fáctica, dado que se desarrollaron durante el mismo periodo, en el mismo contexto administrativo y con una base documental común.